Nos permitimos aclarar a la opinión publica que el dia 11 de Marzo del 2025, la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado de prensa donde se mencionan a los ciudadanos y médicos Alfredo Rodríguez Figueroa, Gerardo Rojas Gómez, Giovanni Cortes Montealegre, Henry Diego Fernando Ortiz Silva, Juan Fernando Abadía Silva, Marco Antonio Vergara Calero, María Mónica Martínez Martínez y Rubén Darío Arciniegas Martínez, señalándolos que fueron condenados con penas de prision en establecimiento carcelario por acceder de manera irregular a títulos como cirujanos plásticos en Brasil.
La condena que señala la Fiscalía y de la que indica se libró orden de captura, desdibuja la realidad, pues el ente acusador omite que es un fallo de primera instancia, el cual NO está en firme y ordena la sanción en prision domiciliara, pues solo cuando el fallo sea confirmado en segunda instancia es que este entrará a regir o en su defecto será revocado por el tribunal.
Respecto a la afirmación de que los médicos accedieron de manera irregular a los títulos de cirujanos plásticos, nos permitimos señalar que dentro del proceso penal, tanto el vicerrector, director del programa y profesores de la UNIVERSIDAD VEIGA DE ALMEIDA en Brasil, declararon que los médicos habían cursado y cumplido con el programa académico de cirugía plástica y estética, siendo enfáticos en que la documentación expedida NO es falsa. La entonces ministra de educación Gina Parody, en rueda de prensa, tras enviar una comisión a Brasil, señaló que toda la documentación presentada por los médicos es legal y, en virtud de ello y de los requisitos de esa época para convalidar, el gobierno colombiano autorizó la convalidación de los títulos.
Se solicitó a la Fiscalía General de la Nación una aclaración del comunicado de prensa, el cual tiene el único propósito de afectar la imagen y el derecho al buen nombre de nuestros representados. Además, en reunión sostenida el pasado 11 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se informó esta situación la cual evidencia una continua transgresión y vulneración a los derechos humanos de los médicos y ciudadanos colombianos.
